Cuanto cuesta un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos
El precio de un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos en España oscila entre los 100 y 900 euros por cónyuge.
Habrá despacho de abogados que dentro de su precio ya incluyan la minuta de procurador, pues para todo proceso de divorcio judicial es necesario, y otros que cobren las minutas de manera independiente.
En nuestro caso, el precio de un divorcio express de mutuo acuerdo sin hijos a tramitar en cualquier Juzgado de España es de 100 euros por cónyuge. El precio lo fija cada profesional, pero el problema sería que un profesional se negara a concretar su precio o lo manifestara de manera confusa o ambigua.
En España, conforme Ley de Derecho de Defensa todo abogado deberá de informar por escrito del detalle y precio del servicio profesional a prestar. Es cierto que cada proceso puede tener ciertas variables que están por confirmar, pero aquello que sí se pueda concretar por ser algo tangible y presente, sí que se debe de concretar.
En un divorcio de mutuo acuerdo sí que se podrá fijar un precio fijo, sin perjuicio de que si así se quiere se pueda compatibilizar con otros criterios. Por ejemplo, minuta de 300 euros por el divorcio y un extra añadido de 50 euros por consultas de una hora y 30 por consultas de 30 minutos. O el precio que sea, pues a modo de ejemplo, se trata de mostrar como siempre es posible describir el precio, el problema es que en ocasiones el abogado no se molesta en dicho detalle y muchos clientes acaban sintiendo que les crea indefensión.
No son pocos los clientes que sienten que el precio final de un divorcio no ha sido el previsto y que consideran que si volvieran atrás en el tiempo sabiendo el precio final, cuanto menos revisarían más opciones de tramitación que les pudieran permitir comparar el precio de cada servicio con cada profesional.
El divorcio no es un capricho, es una necesidad y por ello cuanto más accesible y con certidumbre, mejor. Todo cliente y consumidor tiene derecho a conocer el precio concreto de un servicio determinado y en el arrendamiento de servicios que se produce al contratar a un abogado, no es una excepción.
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